En los últimos días se han multiplicado las presiones para que las instituciones políticas investiguen los casos de abusos a menores en la Iglesia católica en España. Se habla de una comisión de expertos independiente, la Fiscalía General del Estado pide informe de los procesos penales en tramitación referidos a colegios e instituciones religiosas… Pero, si se trata de conocer la amplitud del fenómeno, de prevenir estos abusos y de escuchar a las víctimas, ¿por qué limitar la investigación a la Iglesia católica? ¿Por qué se da por supuesto que en otros ámbitos no hay nada que investigar?
Por las investigaciones realizadas en otros países y por las denuncias públicas que han ido apareciendo en los últimos años, sabemos que las situaciones de abusos se han dado en múltiples campos, tanto en las familias como en colegios públicos y privados, clubs deportivos, iglesias de todo tipo, orfanatos, instituciones de acogida, y, en general, allí donde hay menores bajo subordinación y dependencia de adultos.
Si se atiende a la experiencia de otros países, la Comisión Real que investigó este problema en Australia en 2017 revisó la experiencia de más de 4.000 instituciones, y encontró que el 58% de los casos de abusos sexuales se dieron en instituciones religiosas de distintas confesiones, el 32,5% en instituciones estatales y el 10,5% en instituciones privadas no religiosas. En el total de abusos, en torno al 35% se produjeron en instituciones católicas y el resto en otras instituciones, religiosas o no.
Es decir, si Australia hubiera seguido el filtro que se quiere utilizar aquí de dirigir el foco solo a la Iglesia Católica, el 65% de los casos habrían pasado inadvertidos.
Si se trata de proteger a los menores, la transparencia y el reconocimiento de la verdad pueden ser de gran ayuda. Pero esto vale para los menores en todos los ámbitos. Y no da la impresión de que hasta el momento se haya puesto el mismo empeño en investigar lo que ocurre fuera de la Iglesia católica.
Por ejemplo, en el caso de abusos en el deporte. Recientemente se ha publicado el primer estudio de prevalencia realizado en seis países europeos, entre ellos España, con una muestra de 10.300 personas de edades hoy comprendidas entre 18 y 30 años.
Resultó que el 65% declaraban haber experimentado violencia psicológica (humillaciones, amenazas, exclusión…) y el 35% violencia sexual en la práctica deportiva cuando eran menores de edad. Aunque dejemos aparte los casos de violencia psicológica, que pueden ser más subjetivos, el 20% declaraban haber sufrido violencia sexual con contacto. En España (con una muestra de 1.472 personas) también uno de cada cinco encuestados reflejó haber sufrido abusos sexuales.
¿Qué diríamos si una encuesta entre ex alumnos de colegios católicos revelara que uno de cada cinco había sufrido abusos sexuales?
Por los comentarios que este estudio ha suscitado entre expertos deportivos, se ve que las cifras no les han extrañado. Hasta ahora no había datos de prevalencia, porque los clubs no estaban interesados en encontrarlos y las víctimas eran renuentes a denunciar. “Aún no se ha superado la vergüenza y el estigma que supone que tu club deportivo sea señalado”, dice Montserrat Martín, profesora de Sociología del Deporte, que ha participado en el estudio. Se ve que lo de preocuparse más por la imagen de la institución que por las víctimas no es un rasgo exclusivo de ambientes clericales.
Gracias a que se ha hecho un estudio europeo, en España han empezado a salir datos de prevalencia de los abusos a menores en el deporte. “Para mí, sigue diciendo Martín, el problema aún sigue siendo que cuando se detectan casos, echan a los perpetradores por la puerta de atrás y no hay denuncias formales”. Una política que en otros ámbitos nos escandaliza. Pero algo está cambiando, pues en los últimos tres años, tres entrenadores han sido condenados a más de 15 años de prisión por abusos sexuales a menores.
Ahora se reconoce que durante años la labor del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de las federaciones deportivas se ha limitado a campañas de concienciación frente a los abusos sexuales, sin un auténtico seguimiento. Todavía en 2019, desde el CSD se admitía que, aunque había un protocolo para la prevención y actuación frente a los abusos sexuales, no todas las federaciones lo habían incorporado. Solo en 2020, a raíz de la nueva Ley de protección de la Infancia, se han actualizado los protocolos de actuación para que las federaciones los apliquen de manera efectiva. Se diría que en este tema, los organismos rectores del deporte español han tardado más en reaccionar que la Iglesia católica. Pero nadie ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento para saber lo que ha ocurrido en los gimnasios.
Si la Iglesia católica fuera un caso aislado de opacidad entre las instituciones que atienden a niños, tendría más lógica pedirle que proporcionara información al respecto como a todos los demás. Pero la realidad es que tampoco sabemos nada de la extensión de este problema en la escuela pública, pues nunca se ha hecho un informe ni tampoco ha habido parlamentarios interesados en pedir datos.
Lo que sí ha saltado a la luz últimamente es la negligencia en el cuidado de niñas acogidas en instituciones públicas de tutela de menores en Baleares y Madrid, y que estaban siendo prostituidas sin que los responsables de estos centros lo advirtieran. Pero este tipo de víctimas en centros públicos tampoco ha movilizado la sensibilidad de algunos políticos para exigir una investigación.
Si se trata de levantar la alfombra de la pederastia, habrá que hacerlo en todos los pisos, no solo en el de la Iglesia católica. Porque de lo contrario se está enviando e mensaje de que los menores víctimas de abusos en otros ámbitos no importan.
Ignacio Aréchaga (Blog Aceprensa)